La secesión de Cataluña, abismo inaceptable para Europa y Estados Unidos
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"Los líderes separatistas catalanes están señalando que pueden declarar la independencia en los próximos días. Sería una acción irresponsable carente de validez jurídica y legitimidad política.
Se encontraría con una respuesta gélida de los aliados de España en Europa y en Estados Unidos. La necesidad primordial es que el Gobierno central de España y los líderes regionales de Cataluña abran contactos destinados a calmar las tensiones que se desataron después del voto contencioso, desordenado y violento sobre la independencia del domingo.
Idealmente, esos contactos se convertirían en un diálogo que incluiría a los partidos de la oposición, tanto los de Madrid como los de Barcelona. El objetivo final debe ser actualizar y, en ciertas áreas como las finanzas regionales, ampliar la autonomía que Cataluña ya disfruta bajo la Constitución Española de 1978.
Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, se equivocó al afirmar el domingo por la noche que el voto había dado a su región el derecho a declararse un Estado independiente. Nada parecido. Unas nueve de cada diez personas que votaron lo hicieron a favor de la independencia.
Sin embargo, según las propias cifras de la Generalitat, que deben ser tratadas con cautela debido al caos que rodeó a la votación, la participación fue de alrededor del 42%. En otras palabras, más de la mitad del electorado no votó. Los que se quedaron en casa eran, en su mayor parte, los elementos menos movilizados de la sociedad catalana, que se han opuesto siempre al referéndum al considerarlo un gesto secesionista imprudente.
Dada la baja participación y la ilegalidad indiscutible de la votación, según la Constitución, no hay justificación alguna para una declaración de independencia. Si las perspectivas a corto plazo de un diálogo parecen poco prometedoras, Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, y al frente de un Ejecutivo minoritario, tienen parte de la culpa.
El uso de la fuerza de policía para interrumpir la votación del domingo fue imprudente. Claramente, el Gobierno tenía el deber de defender el Estado de Derecho, pero no ejerció suficiente moderación. Un enfoque inteligente habría concedido mayor peso a la posibilidad de que los separatistas catalanes no quisieran otra cosa que ver cómo se esparcían por Europa y el mundo imágenes de policías con porras y civiles heridos.
El pecado original de la Administración Central de España y del conservador Partido Popular de Rajoy fue torpedear el Estatuto de autonomía de Cataluña acordado en 2006 y parcialmente anulado en 2010 por el Tribunal Constitucional español. Después de que el Gobierno de Rajoy asumiera el cargo en 2011, se desperdiciaron varias oportunidades para comenzar de nuevo.
El apoyo a la independencia de Cataluña se desató mientras la crisis financiera castigaba a España y los escándalos de corrupción manchaban los partidos políticos de Madrid y Barcelona. El Gobierno mantuvo sólidos fundamentos legales para resistir al separatismo, pero debió haber mostrado más iniciativa política y flexibilidad con Cataluña.
No obstante, la situación no se deterioró rápidamente hasta principios de septiembre, cuando el Parlamento de Cataluña aprobó una Ley de referéndum que ni siquiera fijó un umbral mínimo de votos para que el resultado fuera válido. Esto fue un intento claro de los separatistas para saltarse la incómoda verdad de que en Cataluña no hay una clara mayoría en pro de la independencia. La Unión Europea ve el punto muerto actual como un problema que deben abordar principalmente las autoridades españolas y catalanas.
Sin embargo, incluso aunque sea inapropiado el papel de un mediador formal, la Unión Europea puede instar a ambas partes a mostrar moderación, sentido común y respeto por las normas democráticas y el Estado de Derecho. Estos principios son la única base para una solución razonable y a largo plazo".
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